Crisis en la construcción: 2.700 pymes fueron dadas de baja y la capacidad ociosa llega al 65% en el norte
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El presidente de la Confederación de Pymes Constructoras de la República Argentina, Gerardo Antonio Fernández, advirtió que la actividad acumula una caída cercana al 40% desde diciembre de 2023. Señaló que las empresas trabajan con un promedio nacional de 50% de capacidad ociosa y reclamó condiciones para recuperar la inversión y la obra pública.
La construcción atraviesa un período de fuerte contracción y las pequeñas y medianas empresas del sector enfrentan un escenario marcado por la caída de la actividad, la reducción de obras y una creciente competencia por los contratos disponibles.
Así lo advirtió Gerardo Antonio Fernández, presidente de la Confederación de Pymes Constructoras de la República Argentina, en d declaraciones exclusiva a Radiofmtotal aseguró que unas 2.700 empresas fueron dadas de baja y que las constructoras que permanecen activas trabajan actualmente con alrededor de un 50% de capacidad ociosa promedio a nivel nacional.
Fernández sostuvo que la actividad registra una caída cercana al 40% desde diciembre de 2023 y cuestionó que, pese a algunos indicadores que muestran leves mejoras interanuales, el sector todavía se encuentra muy por debajo de los niveles previos a la crisis.
“Lo novedoso es que seguimos en esos niveles de caída durante tres años”, señaló.
Una estructura que trabaja a media máquina
El dirigente explicó que la capacidad ociosa representa toda la estructura que las empresas fueron construyendo durante años y que actualmente no puede utilizarse plenamente.
Maquinarias, vehículos, herramientas y trabajadores especializados forman parte de una estructura que requiere importantes inversiones y tiempo de formación.
“Una empresa no se genera de un día para otro”, remarcó Fernández, quien destacó especialmente la pérdida de actividad de trabajadores capacitados como oficiales especializados, soldadores, plomeros y electricistas.
Según explicó, existen empresas preparadas técnica y mecánicamente para ejecutar obras de determinada magnitud, pero que actualmente trabajan muy por debajo de su capacidad.
La situación presenta diferencias según la región. Mientras algunas provincias mantienen niveles de actividad superiores, Fernández advirtió que en determinadas zonas del norte argentino la capacidad ociosa puede superar el 65%.
2.700 empresas menos y una fuerte competencia
La salida de aproximadamente 2.700 empresas también modificó el escenario competitivo. Fernández aclaró que algunas firmas pudieron haberse reconvertido o cambiado de actividad ante la falta de trabajo, pero señaló que la cantidad de empresas que buscan acceder a las obras disponibles aumentó considerablemente.
Como ejemplo, mencionó licitaciones municipales y provinciales en las que anteriormente podían presentarse tres o cinco empresas, mientras que actualmente pueden aparecer 18, 20 o hasta 25 oferentes.
Esta situación genera, además, ofertas por debajo de los costos de reposición. De acuerdo con Fernández, algunas empresas aceptan trabajar con márgenes mínimos con el objetivo de sostener su estructura y conservar los puestos laborales.
El impacto se extiende a toda la economía
La crisis de la construcción también tiene consecuencias sobre otras actividades. Fernández destacó el fuerte efecto multiplicador del sector, particularmente en las ciudades del interior.
Combustibles, áridos, cemento, hierro, madera, vidrio, electricidad, gas, transporte y comercios dependen en buena medida del movimiento generado por las obras.
“Cuando uno piensa qué mueve la construcción, lo mueve todo”, sintetizó.
En este sentido, la caída de la actividad constructiva repercute sobre el empleo, el comercio y la recaudación. Menos obras significan menos trabajadores, menor circulación de dinero y menor movimiento para proveedores y comercios.
La preocupación puesta en 2027
De cara al próximo año, Fernández manifestó preocupación por el nivel de inversión pública y por los presupuestos que están elaborando las provincias.
Según explicó, la menor disponibilidad de recursos durante 2026 ya generó dificultades en el ritmo de algunas obras y postergaciones de pagos.
El dirigente también señaló que las señales del Gobierno nacional apuntan a una mayor participación de la inversión privada y a una intervención estatal más limitada en materia de infraestructura.
Para Fernández, tanto la inversión pública como la privada necesitan estabilidad y previsibilidad para recuperar el nivel de actividad.
Pese al complejo panorama, sostuvo que existe expectativa de una recuperación y planteó la necesidad de generar condiciones que permitan volver a poner en marcha las obras, utilizar la capacidad instalada y recuperar el empleo.
