Representantes del colectivo de personas con discapacidad y trabajadores del sector cuestionaron el actual funcionamiento de las políticas nacionales de discapacidad y advirtieron sobre dificultades para acceder a prestaciones, medicamentos, transporte y tratamientos.

Durante una entrevista exclusiva con Radiofmtotal Natalia Rodríguez, referente de Discapacitados en Lucha, señaló que el sector atraviesa una situación de fuerte deterioro y cuestionó el financiamiento de Incluir Salud, las pensiones no contributivas y los valores del nomenclador que reciben los prestadores.

Uno de los principales reclamos está relacionado con el atraso de los aranceles. Según explicó, durante 2024 los prestadores permanecieron durante gran parte del año sin aumentos, luego de la devaluación de diciembre de 2023. Posteriormente se estableció una compensación y un mecanismo de actualización vinculado al IPC, pero sostuvo que la compensación reclamada por las organizaciones no habría llegado de manera efectiva a los trabajadores.

“Los prestadores tienen que pagar el monotributo, tener un montón de gastos para poder trabajar y además con salarios muy bajos”, sostuvo durante la entrevista.

La situación también impactaría directamente sobre las familias. Según relató, muchas personas deben afrontar gastos vinculados con medicamentos, transporte, tratamientos interdisciplinarios y elementos de apoyo, en un contexto de incremento de las tarifas de servicios y otros costos cotidianos.

“Con el aumento de los servicios, la luz, el gas y demás, todo el colectivo alrededor de la discapacidad está con moras y deudas muy importantes”, afirmó.

Reclamos por Incluir Salud

Otro de los puntos planteados fue la situación de Incluir Salud. La entrevistada aseguró que existen dificultades para el otorgamiento de nuevas prestaciones y pensiones, y sostuvo que numerosas personas estarían esperando respuestas.

También vinculó el funcionamiento del programa con causas judiciales relacionadas con el financiamiento y la gestión de las políticas de discapacidad, aunque estos señalamientos forman parte de procesos judiciales en curso y deben diferenciarse de hechos judicialmente acreditados.

Críticas al abordaje de la discapacidad

Natalia cuestionó además la estructura institucional adoptada por el Gobierno nacional y sostuvo que la discapacidad no debería ser abordada exclusivamente desde el área sanitaria.

“Discapacidad no es solo salud, es educación, es transporte”, planteó, al cuestionar el cierre de la Agencia Nacional de Discapacidad y su incorporación dentro del Ministerio de Salud.

Asimismo, expresó críticas hacia funcionarios nacionales y hacia las políticas que, según su interpretación, podrían trasladar mayores costos a las familias.

Movilizaciones y emergencia en discapacidad

En cuanto a las próximas acciones, informó que organizaciones del sector participan de movilizaciones previstas para este sábado 19 de septiembre en distintos puntos del país.

También señaló que el sector seguirá de cerca el tratamiento legislativo previsto para la próxima semana relacionado con la emergencia en discapacidad, cuya continuidad es reclamada por las organizaciones.

Según explicó, las movilizaciones buscan visibilizar los reclamos vinculados con el financiamiento de las prestaciones, los ingresos de los trabajadores, las pensiones y el acceso a tratamientos.

Finalmente, ante la consulta sobre una eventual presentación ante organismos internacionales, señaló que distintos colectivos analizan recurrir a organismos de derechos humanos y a instancias internacionales si consideran que las vías nacionales no ofrecen respuestas suficientes.