El ex candidato a presidente del Centro de Jubilados y Pensionados de la Provincia de Corrientes, Justo Franco, denunció que la institución lleva más de diez años intervenida y reclamó la normalización institucional mediante la convocatoria a elecciones.

Según explicó en una entrevista a Radiofmtotal, durante este período los socios han continuado abonando una cuota mensual cercana a los 28.000 pesos, pero cuestionan la falta de información sobre la situación económica y financiera de la entidad. Franco sostuvo que en más de una década de intervención nunca se exhibieron balances ni informes públicos de gestión.

Entre los principales cuestionamientos, señaló que en los últimos diez años fueron despedidos 39 trabajadores, entre ellos profesionales, administrativos y docentes de talleres. También aseguró que varias delegaciones del interior dejaron de funcionar debido a la falta de servicios y recursos, provocando la renuncia de numerosos asociados.

En referencia a la delegación de Curuzú Cuatiá, recordó que atravesó dificultades económicas que incluso pusieron en riesgo el pago de servicios básicos. Según relató, socios de la institución realizaron actividades solidarias para recaudar fondos y mantener el funcionamiento de la sede.

Franco afirmó además que continuará como candidato en caso de concretarse el proceso electoral, luego de haber retomado la actividad institucional tras superar problemas de salud que lo habían obligado a dar un paso al costado años atrás.

Por su parte, la asesora legal del sector, Ana María Maciel, sostuvo que desde 2016 vienen impulsando acciones judiciales para exigir la convocatoria a elecciones. Indicó que existen tres fallos favorables —en primera instancia, Cámara de Apelaciones y Superior Tribunal de Justicia— que ordenan continuar con el proceso electoral y oficializar la lista encabezada por Franco.

La abogada denunció además que la intervención habría incumplido tanto resoluciones judiciales como disposiciones administrativas que establecían plazos para convocar a elecciones. En ese sentido, señaló que actualmente se encuentran impulsando nuevas presentaciones judiciales para exigir el cumplimiento de las sentencias y avanzar hacia la normalización definitiva de la institución.

Los dirigentes sostienen que la prolongación de la intervención afecta la representación de los jubilados y reclaman que se restablezca el funcionamiento democrático de la entidad mediante la elección de nuevas autoridades.