EXCLUSIVO: Proyecto para eliminar el precio fijo de los libros genera preocupación en el sector editorial
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El Gobierno nacional impulsa un anteproyecto que propone derogar la Ley 25.542 de Defensa de la Actividad Librera, norma que establece el precio fijo de los libros en todo el país. La iniciativa abrió un fuerte debate en el sector editorial, que advierte sobre posibles consecuencias para las librerías independientes, las editoriales y el acceso a la lectura.
En declaraciones exclusivas a Radiofmtotal el secretario de la Federación Argentina de Librerías, Papelerías y Afines (FALPA) y prosecretario del Consejo de Administración de la Fundación El Libro, Carlos Morón, explicó que el precio de venta al público es fijado por las editoriales y no por las librerías, con el objetivo de garantizar que un mismo libro tenga el mismo valor en cualquier punto del país.
Según señaló, la eliminación de esta regulación podría favorecer descuentos agresivos por parte de grandes cadenas, supermercados o plataformas de venta, lo que pondría en riesgo la continuidad de las librerías de barrio y reduciría la diversidad de títulos disponibles para los lectores.
Morón sostuvo que toda la cadena del libro —autores, editoriales, traductores, distribuidores y librerías— manifestó su rechazo a la iniciativa. Además, recordó experiencias internacionales, como las de Inglaterra y Brasil, donde la desregulación derivó en el cierre de numerosas librerías independientes y en una mayor concentración del mercado.
El dirigente también advirtió que la derogación podría favorecer la piratería y afectar los derechos de autor, además de perjudicar a los escritores que publican sus obras de manera independiente.
Respecto al consumo, indicó que solo alrededor del 10% de la población argentina compra libros y remarcó la importancia de promover la lectura, especialmente entre niños y jóvenes. En ese sentido, destacó el rol de las librerías como espacios culturales donde se realizan actividades, encuentros y presentaciones de autores.
Finalmente, confirmó que el proyecto aún no ingresó formalmente al Congreso y que las entidades del sector mantienen gestiones con funcionarios, legisladores y autoridades nacionales para evitar que avance la derogación de la ley vigente.
