La posible reforma de la Ley Nacional de Salud Mental volvió a instalar el debate sobre el acceso a la atención psicológica ypsiquiátrica en Argentina. En declaraciones exclusivas a Radiofmtotal  el presidente de la Asociación Argentina de Salud Mental, Alberto Trimboli, expresó su preocupación por los cambios impulsados por el Gobierno nacional y advirtió que podrían significar una reducción de derechos para millones de personas.

Según explicó el especialista, uno de los puntos centrales de la modificación propuesta consiste en reemplazar el concepto de “padecimiento mental” por el de “trastorno mental”. Para Trimboli, este cambio no es menor, ya que limitaría el acceso a la atención únicamente a quienes cuenten con un diagnóstico formal de una enfermedad mental.

“La ley actual contempla desde situaciones de duelo, tristeza o crisis familiares hasta trastornos como la depresión, la esquizofrenia o la bipolaridad. Si se modifica, muchas personas quedarían fuera del sistema de atención porque no podrían demostrar un diagnóstico específico”, sostuvo.

El titular de la Asociación Argentina de Salud Mental afirmó que esta medida beneficiaría principalmente a obras sociales, prepagas y otros actores del sistema sanitario, al reducir las prestaciones que estarían obligados a brindar.

Durante la entrevista también se refirió a uno de los temas más controvertidos vinculados a la legislación vigente: las internaciones involuntarias. En ese sentido, rechazó las críticas que sostienen que la ley impide internar a personas en situaciones de riesgo.

“Es falso que la ley prohíba las internaciones involuntarias. La normativa las contempla cuando existe riesgo cierto e inminente para la persona o para terceros. Muchos de los problemas que se observan en la práctica se deben al incumplimiento o desconocimiento de la ley, no a la ley en sí misma”, explicó.

Trimboli señaló que en numerosas ocasiones familiares de personas con padecimientos mentales denuncian falta de respuestas adecuadas en guardias hospitalarias y servicios de emergencia. Según indicó, estas situaciones pueden derivar en consecuencias graves, incluyendo intentos de suicidio o episodios de violencia que podrían haberse prevenido con una intervención oportuna.

Otro de los cuestionamientos planteados por el especialista apunta a la eliminación de artículos que establecen dispositivos específicos de atención en salud mental. A su entender, la desaparición de estas obligaciones podría generar una reducción de recursos destinados al área.

Además, defendió el espíritu de la Ley Nacional de Salud Mental sancionada en 2010 y destacó que fue tomada como referencia por organismos internacionales y por otros países al momento de elaborar normativas similares.

“La ley argentina es considerada una de las más avanzadas en materia de derechos humanos y salud mental. Retroceder en estos aspectos significaría volver a modelos ya superados en gran parte del mundo”, afirmó.

El debate sobre la reforma continúa abierto y enfrenta posiciones contrapuestas entre distintos sectores profesionales, organismos de derechos humanos, instituciones sanitarias y autoridades gubernamentales. Mientras tanto, la discusión pone nuevamente en el centro de la escena la importancia de la salud mental como una problemática que atraviesa a toda la sociedad.