Inquilinos cuestionan el proyecto de “desalojo exprés” y advierten sobre una mayor vulnerabilidad
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El proyecto de ley de “desalojo exprés”, que obtuvo media sanción en el Senado de la Nación el pasado 6 de agosto, genera fuertes cuestionamientos entre las organizaciones que representan a los inquilinos. Desde el sector inmobiliario destacan que la iniciativa busca brindar mayor seguridad jurídica a los propietarios, mientras que la Federación de Inquilinos y asociaciones provinciales advierten que podría dejar a miles de familias en una situación de mayor vulnerabilidad.
En una entrevista a Radiofmtotal el presidente de la Asociación de Inquilinos de Corrientes, Adrián Cantero Sandoval, sostuvo que la iniciativa constituye “un nuevo capítulo” de una política que, a su entender, viene debilitando la protección de los inquilinos desde la derogación de la anterior Ley de Alquileres.
Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con los plazos. Según explicó Cantero Sandoval, el proyecto contempla que con apenas diez días de atraso en el pago del alquiler pueda iniciarse un proceso de desalojo, algo que consideró alejado de la realidad económica que atraviesan muchas familias.
“Hay gente que cobra después del día 10, incluso con meses de atraso. Eso coloca al inquilino en una situación de no contar con el dinero necesario para pagar el alquiler”, señaló.
También cuestionó que la notificación pueda realizarse mediante medios electrónicos, como el correo informado en el contrato, en lugar de mecanismos que garanticen una comunicación efectiva y fehaciente.
Otro de los puntos señalados por el dirigente es la existencia de numerosos contratos informales o acuerdos de palabra, particularmente en Corrientes. En esos casos, sostuvo, muchos inquilinos pagan en efectivo y no reciben comprobantes, lo que podría dificultar seriamente su defensa ante un eventual proceso judicial.
Cantero Sandoval remarcó además que la iniciativa nacional no tendría una aplicación inmediata en Corrientes, debido a que las provincias cuentan con sus propios códigos de procedimiento. Sin embargo, advirtió que podría establecerse como antecedente para que otras legislaturas provinciales impulsen modificaciones similares.
En ese sentido, mencionó que ya habría un proyecto presentado en Chaco con características semejantes.
El dirigente también cuestionó el voto favorable de los tres senadores nacionales por Corrientes y reclamó que los legisladores provinciales y nacionales analicen las consecuencias sociales de la medida.
“Una ley de este tipo no soluciona el problema del atraso en los alquileres. Si un inquilino tiene dificultades para pagar, el problema de fondo es la situación económica”, sostuvo.
Para Cantero Sandoval, la mayoría de los inquilinos realiza grandes esfuerzos para cumplir con sus obligaciones y, en muchos casos, incluso se endeuda para evitar acumular una deuda de alquiler.
Desde la Asociación de Inquilinos de Corrientes adelantaron que continuarán realizando gestiones ante legisladores nacionales y provinciales para intentar frenar la iniciativa y promover alternativas que, según plantean, permitan mejorar las condiciones habitacionales sin profundizar la vulnerabilidad de quienes alquilan.
El proyecto deberá ser tratado ahora por la Cámara de Diputados de la Nación, donde deberá conseguir la aprobación correspondiente para continuar su trámite legislativo.
