EXCLUSIVO: Debate por la Ley Micaela: denuncian falta de capacitaciones a nivel nacional
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La implementación de la Ley Micaela (Ley 27.499) volvió a instalarse en el centro del debate público. Así lo expresó Néstor “Yuyo” García, padre de Micaela García —la joven de 21 años asesinada en 2017 en la ciudad de Gualeguay, provincia de Entre Ríos—, quien remarcó la importancia de continuar con las capacitaciones en perspectiva de género dentro de los distintos niveles del Estado.
En declaraciones exclusivas con Radiofmtotal García recordó que la ley fue sancionada en 2018 luego de un largo proceso de lucha impulsado por la familia de Micaela y distintas organizaciones sociales. La normativa establece la capacitación obligatoria en género y violencia contra las mujeres para todas las personas que integran los tres poderes del Estado.
Sin embargo, el referente señaló que actualmente existen dificultades en la aplicación de la normativa a nivel nacional. Según indicó, desde el gobierno central no se estarían promoviendo capacitaciones de manera sistemática, aunque aclaró que el Congreso de la Nación y distintos organismos continúan desarrollándolas.
“Las provincias tienen realidades diferentes. En algunos lugares la ley se está aplicando muy bien y en otros se sostiene principalmente a través de sindicatos, municipios o iniciativas propias de los organismos”, explicó.
García mencionó como ejemplos de implementación activa a provincias como Buenos Aires, Córdoba, Neuquén y Tierra del Fuego, donde las capacitaciones continúan desarrollándose de forma regular.
El objetivo de la Ley Micaela
El padre de la joven explicó que el espíritu de la ley es sensibilizar y generar conciencia en quienes trabajan dentro del Estado, especialmente en aquellos ámbitos que tienen contacto directo con la ciudadanía.
Las capacitaciones abordan temas como:
- Perspectiva de género
- Violencia por motivos de género
- Estereotipos culturales
- Ddiversidad y derechos humanos
- Formas de atención a víctimas
Además, destacó que la formación debe adaptarse a cada área del Estado. “No es lo mismo capacitar a un gobernador o a un ministro que a una persona que atiende al público en una oficina. Cada función requiere herramientas específicas”, afirmó.
Un caso que marcó un antes y un después
García recordó que la Ley Micaela surgió a partir de la tragedia que vivió su familia. El femicidio de su hija ocurrió luego de que el agresor, quien cumplía condena por violación, obtuviera la libertad condicional pese a informes técnicos que advertían sobre su peligrosidad.
Para el padre de Micaela, ese hecho evidencia la importancia de que quienes toman decisiones dentro del sistema judicial y otras áreas del Estado cuenten con formación en perspectiva de género.
“Las capacitaciones sirven para entender estas problemáticas y evitar errores que pueden tener consecuencias irreparables”, sostuvo.
Un desafío pendiente
Finalmente, García insistió en que la ley sigue vigente y que su cumplimiento es fundamental para avanzar en políticas públicas que prevengan la violencia de género.
“Todavía falta mucho por hacer. Las capacitaciones ayudan a cambiar miradas y mejorar la forma en que el Estado responde ante estas situaciones”, concluyó.
La Ley Micaela continúa siendo una de las principales herramientas de formación institucional en materia de género en Argentina, aunque su aplicación presenta distintos niveles de avance según cada jurisdicción del país.
