El sindicato de trabajadoras de casas particulares confirmó un nuevo acuerdo salarial que contempla un incremento del 3% dividido en dos tramos: un 1,5% correspondiente al mes de febrero y otro 1,5% para marzo. Además, se estableció el pago de un bono extraordinario, cuyos montos varían según la carga horaria de cada trabajadora.

Según detalló la referente sindical Ana Altamirano en declaraciones exclusivas a Radiofmtotal  el bono será de 8.000 pesos para quienes trabajan hasta 12 horas semanales, de 11.500 pesos para jornadas de entre 12 y 16 horas, y de 20.000 pesos para aquellas que superan las 16 horas de trabajo semanal.

Si bien el acuerdo representa una mejora, desde el sector reconocen que resulta insuficiente frente al contexto económico actual. “Siempre esperamos más. Hoy una familia tipo necesita alrededor de 1.400.000 pesos para vivir, y nuestros salarios están muy por debajo de eso”, expresó Altamirano. En ese sentido, indicó que la categoría más baja ronda los 410.000 pesos, cifra que no alcanza a cubrir las necesidades básicas.

La dirigente también remarcó las dificultades estructurales del sector, marcado por la fragmentación laboral y la debilidad gremial. “Cada trabajadora está en un domicilio distinto, lo que hace más difícil organizarnos y reclamar. Además, muchas cuidan su fuente laboral porque es su único ingreso”, explicó.

Otro de los puntos críticos es la alta informalidad. Actualmente, entre el 73% y el 75% de las trabajadoras de casas particulares no se encuentran registradas, una cifra que incluso se incrementó en los últimos meses. Desde el sindicato atribuyen esta situación a factores culturales, falta de información y, en algunos casos, a la decisión de los empleadores de evitar costos laborales.

En este marco, Altamirano insistió en la importancia de la registración desde el inicio de la relación laboral. “Es fundamental para garantizar derechos como la obra social, aportes jubilatorios y cobertura ante accidentes. También protege al empleador”, señaló.

Asimismo, cuestionó algunos aspectos de la reciente reforma laboral, como la extensión del período de prueba a seis meses y la eliminación de sanciones más severas para el empleo no registrado. “Son medidas que terminan perjudicando a las trabajadoras y fomentando la precarización”, advirtió.

Por último, se confirmó que el acuerdo salarial será revisado en el mes de abril, instancia en la que el sector buscará una recomposición más acorde a la inflación y al costo de vida.

Mientras tanto, muchas trabajadoras continúan recurriendo a actividades informales adicionales, como la venta de comida o productos, para poder llegar a fin de mes en un contexto económico cada vez más complejo.