El secretario general de los trabajadores de Vialidad Nacional, Alfredo Ramírez, cuestionó duramente el proceso de reducción y desfinanciamiento del organismo y sostuvo que el objetivo del Gobierno nacional es avanzar hacia su desaparición y la privatización de buena parte de las tareas de mantenimiento de las rutas.

En declaraciones a Radiofmtotal Ramírez señaló que la situación viene generando preocupación desde hace más de un año y aseguró que el organismo atraviesa un fuerte proceso de desfinanciamiento.

Según explicó, numerosos parques automotores se encuentran fuera de servicio por falta de recursos para reparaciones, mientras que también existirían dificultades para adquirir insumos y elementos necesarios para las tareas viales.

Uno de los puntos que cuestionó fue el nuevo esquema de retiros voluntarios, luego de que durante el año pasado se produjera la salida de alrededor de 600 trabajadores. Ramírez estimó que el Gobierno pretende profundizar la reducción de personal y alcanzar una estructura mucho más pequeña.

“El fundamento primordial de esta administración y del Gobierno mismo es hacer desaparecer Vialidad Nacional y entregar en mano de empresas privadas” las tareas sobre las rutas nacionales, sostuvo.

El dirigente gremial advirtió además que las empresas privadas no tendrían incentivos para atender aquellos corredores que no resulten económicamente rentables.

“Una empresa privada no va a invertir en un lugar donde no tiene transitabilidad”, afirmó, y cuestionó que los contratos contemplen principalmente tareas como bacheo y corte de pasto, sin garantizar —según su interpretación— una intervención estructural sobre las rutas.

Reclamo por los fondos del impuesto a los combustibles

Ramírez también cuestionó el destino de los recursos provenientes del impuesto a los combustibles y afirmó que desde el sindicato realizaron presentaciones ante organismos nacionales por lo que consideran una utilización irregular de esos fondos.

En ese sentido, aseguró que los trabajadores denunciaron presuntas situaciones de malversación y apropiación ilícita de fondos, y sostuvo que parte del dinero habría sido destinado a operaciones financieras.

El dirigente afirmó que, mientras se recaudan importantes recursos, las rutas nacionales continúan deteriorándose y los trabajadores enfrentan dificultades para contar con materiales y equipamiento.

Las concesiones y el rol del Estado

Consultado sobre las nuevas concesiones viales, Ramírez remarcó que, aun cuando determinadas rutas sean administradas por empresas privadas, el Estado Nacional continúa siendo responsable de controlar el cumplimiento de los contratos.

“Sin Estado no funciona nada en ningún país del mundo”, sostuvo.

También cuestionó la posibilidad de concesionar alrededor de 3.900 kilómetros de rutas por períodos de hasta 20 años, al considerar que el esquema podría repetir problemas observados en anteriores concesiones.

Respecto de la Ruta Nacional 14 y la autovía Gervasio Artigas, aseguró que Vialidad Nacional mantiene equipos de ingenieros, inspectores y laboratorios encargados de controlar las condiciones de las obras y realizar los reclamos correspondientes a las empresas concesionarias.

Corrientes y el traspaso de rutas nacionales

Ramírez también se refirió a la posibilidad de que la provincia de Corrientes asuma la responsabilidad sobre determinadas rutas nacionales.

Dijo que solicitó una audiencia con el gobernador para explicar las dificultades económicas que implicaría asumir esas responsabilidades sin un esquema adecuado de financiamiento.

“Esto demanda mucha inversión”, planteó, y señaló que la provincia cuenta con infraestructura propia, como plantas asfálticas, pero que el traspaso de rutas debería contemplar quién afrontará los costos de mantenimiento y las inversiones necesarias.

Reclamo por los peajes

Otro de los cuestionamientos estuvo dirigido al funcionamiento de los nuevos sistemas de concesión y al cobro de peajes.

Ramírez sostuvo que los pliegos establecían que las empresas debían poner determinadas rutas en condiciones antes de comenzar a cobrar por el tránsito, algo que, según afirmó, no habría ocurrido de la manera prevista.

“Nosotros ya hicimos las presentaciones”, aseguró, y agregó que el sindicato realizó reclamos administrativos y judiciales ante distintos organismos.

Qué hacer ante los daños provocados por el mal estado de una ruta

Ante una consulta sobre un caso ocurrido en el acceso a Curuzú Cuatiá, donde un automovilista habría sufrido daños en su camioneta al intentar evitar un accidente debido al mal estado de una banquina, Ramírez explicó que la responsabilidad depende de si el tramo se encuentra o no concesionado.

Si la ruta no está concesionada, indicó que el reclamo debe dirigirse a Vialidad Nacional. Si está bajo concesión, el primer reclamo corresponde a la empresa concesionaria, aunque sostuvo que Vialidad Nacional mantiene una responsabilidad como organismo rector.

“Vamos a seguir luchando”

Sobre el futuro del conflicto, Ramírez aseguró que los trabajadores continuarán en estado de alerta y defendiendo la continuidad del organismo.

Remarcó que, pese a las dificultades, los trabajadores viales continúan realizando tareas cuando disponen de materiales, especialmente para prevenir accidentes.

“El empleado vial tiene una conducta que es trabajar para el usuario”, afirmó.

Finalmente, sostuvo que el sindicato continuará reclamando para que Vialidad Nacional siga existiendo y mantenga su función como organismo encargado de garantizar la conexión vial entre las provincias argentinas.

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Trabajadores de Vialidad Nacional rechazan el achique: “Vamos a seguir luchando para que Vialidad siga existiendo”