Discapacidad: advierten por el impacto del Presupuesto 2027 y reclaman garantizar las prestaciones
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Natalia Rodríguez, referente de Discapacitados en Lucha, cuestionó los cambios que se analizan en el marco del Presupuesto 2027 y alertó por las dificultades que atraviesan las personas con discapacidad y sus familias para acceder a tratamientos, medicamentos, transporte y pensiones. También anticipó nuevas movilizaciones.
En medio del debate por el Presupuesto Nacional 2027, el colectivo de personas con discapacidad volvió a expresar su preocupación por el impacto que podrían tener las modificaciones previstas para el sector. Natalia Rodríguez, referente de Discapacitados en Lucha, sostuvo que existe una situación de “mucha vulnerabilidad” y advirtió que numerosas familias deben endeudarse o generar ingresos adicionales para sostener tratamientos y prestaciones.
En declaraciones exclusiva a Radiofmtotal Rodríguez cuestionó especialmente la modificación del nomenclador de prestaciones básicas para personas con discapacidad, que, según explicó, establece las prestaciones a las que acceden quienes cuentan con el correspondiente Certificado Único de Discapacidad.
“La situación es gravísima”, afirmó la referente, quien relató que algunas familias deben recurrir a trabajos adicionales para poder afrontar los costos de los tratamientos.
Según Rodríguez, a las dificultades vinculadas con las pensiones se suman los problemas relacionados con las prestaciones, los medicamentos, el transporte y las obras sociales. En ese contexto, sostuvo que el escenario económico está generando un fuerte impacto sobre las familias.
Cuestionamientos al proyecto de financiamiento permanente
Rodríguez también se refirió al proyecto impulsado para establecer un esquema de financiamiento permanente para discapacidad y reemplazar la actual Ley de Emergencia.
Al respecto, sostuvo que el colectivo mantiene sus reparos porque, desde su perspectiva, el principal problema continúa siendo el cumplimiento efectivo de la legislación vigente.
“Nosotros no vemos mucha diferencia”, señaló al ser consultada sobre la iniciativa, y afirmó que la Ley de Emergencia en Discapacidad actualmente “solo se aplica en un 20 o 30% de lo que dice la ley”.
La dirigente recordó además las movilizaciones realizadas en distintos puntos del país y anticipó que las organizaciones continuarán reclamando cuando el Congreso retome el tratamiento de las iniciativas.
Preocupación por el nomenclador
Uno de los aspectos que genera mayor inquietud dentro del colectivo es la modificación del nomenclador de prestaciones básicas.
Rodríguez consideró que este mecanismo tiene especial importancia porque determina las prestaciones que deben garantizarse a las personas con discapacidad y cuestionó que su modificación sea incorporada dentro de la discusión presupuestaria.
La referente también relacionó el debate con los cambios registrados en organismos vinculados al área de discapacidad y reclamó mayor información sobre las decisiones adoptadas por el Poder Ejecutivo.
Auditorías de pensiones
Otro de los temas abordados durante la entrevista fue el proceso de auditoría de las pensiones por discapacidad.
Rodríguez aclaró que considera necesario que exista un sistema de control para garantizar que las prestaciones lleguen a quienes cumplen con los requisitos, aunque cuestionó la manera en que, según su interpretación, se llevaron adelante algunas auditorías.
“Me parece que es correcto que las personas que lo necesitan accedan a ellos y que eso tiene que ser transparente”, sostuvo.
Al mismo tiempo, planteó la necesidad de evitar que las personas con discapacidad deban repetir constantemente estudios y trámites para acreditar una condición que ya fue certificada.
El reclamo también alcanza al interior
Consultada específicamente por la situación en Corrientes y el interior del país, Rodríguez destacó la importancia de mantener la visibilización de las problemáticas que atraviesa el sector.
La referente sostuvo que las organizaciones continuarán participando de movilizaciones y acciones públicas y remarcó la necesidad de fortalecer la articulación entre personas con discapacidad, familias, trabajadores y profesionales vinculados al área.
En ese sentido, mencionó la participación conjunta con otros sectores que también atraviesan reclamos laborales y sociales, como trabajadores del Hospital Garrahan, jubilados, estudiantes universitarios y trabajadores de la industria.
“Queremos romper esa fragmentación social y que juntos podamos dar la pelea de conjunto”, expresó.
De esta manera, mientras el Congreso avanza con el análisis del Presupuesto 2027 y las iniciativas vinculadas al financiamiento de la discapacidad, las organizaciones del sector mantienen el estado de alerta y reclaman que cualquier modificación garantice la continuidad de las prestaciones y los derechos de las personas con discapacidad.
