La decisión del Gobierno nacional de dejar de cubrir compensaciones económicas a las empresas de transporte por los pasajes gratuitos destinados a personas con discapacidad generó preocupación en distintos sectores del país. La situación abrió nuevamente el debate sobre la obligación de las compañías de sostener el beneficio sin asistencia estatal y sobre las dificultades que enfrentan miles de usuarios para acceder a los boletos.

En este contexto, el presidente de la Cámara de Empresarios del Transporte Interdepartamental de Corrientes, Carlos Isaac Fava, explicó que la discusión principal se desarrolla en el ámbito nacional entre las grandes empresas de larga distancia y el Estado nacional.

Según detalló en declaraciones exclusivas a Radiofmtotal, cuando se implementó la normativa que garantiza el transporte gratuito a personas con discapacidad, el Estado realizaba una pequeña compensación económica a las empresas por cada pasaje emitido. Sin embargo, con el paso del tiempo y la desregulación del sistema de transporte, las compañías comenzaron a reclamar que continúan obligadas a prestar el servicio sin recibir aportes.

“Las cámaras nacionales sostienen que el Estado las obliga a transportar gratuitamente a personas con discapacidad, pero sin reconocer ninguna compensación”, señaló Faba durante la entrevista.

A pesar de la tensión, el dirigente llevó tranquilidad a los usuarios y aseguró que el derecho continuará vigente. “Creo que las empresas van a seguir prestando el servicio y transportando a las personas con discapacidad”, afirmó.

En la provincia de Corrientes, el sistema continúa funcionando bajo las normativas provinciales ya vigentes. Faba explicó que las personas con discapacidad deben solicitar los pasajes con entre 24 y 48 horas de anticipación, presentando la documentación correspondiente en las boleterías de las empresas.

No obstante, el empresario reconoció que el sistema presenta dificultades administrativas y denunció que en ocasiones se detectaron certificados falsificados o maniobras ilegales vinculadas a la venta de pasajes gratuitos en el mercado informal. “En algunos casos encontramos certificados truchos y personas que revendían los boletos”, sostuvo.

Desde el sector empresarial remarcan que no buscan eliminar el beneficio, sino que reclaman algún tipo de reconocimiento económico por parte del Estado para afrontar los costos del servicio.

Mientras continúa la discusión entre Nación y las cámaras del transporte, las personas con discapacidad mantienen por ahora el acceso a los boletos gratuitos, aunque persisten los reclamos por demoras, cupos limitados y dificultades para conseguir disponibilidad en determinadas fechas.