La senadora nacional Carolina Losada volvió a poner en agenda el debate sobre las falsas denuncias y reclamó avanzar con una legislación más dura para quienes utilicen de manera maliciosa denuncias judiciales, especialmente en causas vinculadas a violencia de género y abuso.
En declaraciones exclusivas a Radiofmtotal la legisladora sostuvo que existe una “desinformación” alrededor del tema y cuestionó los datos oficiales difundidos recientemente sobre la cantidad de denuncias falsas en el país.
“Si el mismo informe reconoce que las falsas denuncias aumentaron un 70% entre 2023 y 2025, entonces estamos frente a un fenómeno que merece atención”, señaló Losada, quien además remarcó que muchas de estas causas ni siquiera llegan a denunciarse formalmente como falsas denuncias debido a las bajas expectativas de condena.
La senadora recordó casos emblemáticos de personas que estuvieron detenidas durante años y luego fueron absueltas por inexistencia de delito. En ese sentido, relató el caso de un joven que pasó dos años preso acusado de una violación grupal y posteriormente fue declarado inocente por la Justicia.
“Estamos hablando de vidas destruidas. Una falsa denuncia no puede salir gratis”, afirmó.
Losada aclaró además que el proyecto no busca desalentar las denuncias reales de víctimas de violencia o abuso. Según explicó, para que exista una condena por falsa denuncia debe demostrarse judicialmente que la persona denunció “a sabiendas de que estaba mintiendo” y con intención directa de perjudicar a otro.
“No alcanza con que el acusado sea absuelto o con que no se encuentren pruebas. Tiene que probarse el dolo, es decir, la intención deliberada de mentir”, explicó.
La legisladora también cuestionó a quienes aseguran que una ley más severa podría generar temor en las víctimas reales. “Eso es falso. Una persona que verdaderamente sufrió violencia jamás podría ser condenada por falsa denuncia solamente porque no se lograron reunir pruebas suficientes”, sostuvo.
Durante la entrevista, Losada remarcó que las falsas acusaciones no solo afectan a la persona denunciada, sino también al sistema judicial, ya que desvían recursos y tiempo que deberían destinarse a casos reales.
El proyecto, presentado originalmente en 2022, volvió a tomar impulso en medio del debate nacional sobre la necesidad de endurecer las penas para quienes utilicen la Justicia con fines de venganza, manipulación o perjuicio personal.