Discapacidad: advierten que la nueva ley podría dejar sin financiamiento a prestadores y centros de atención
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Marcela Kriskovich presidenta de la Asociación Civil de Prestadores de Discapacidad Unidosreclamó que el Senado incorpore a la Superintendencia de Servicios de Salud en la nueva normativa y advirtió sobre las demoras de hasta 120 días en los pagos. También cuestionó que no se haya consultado a todos los sectores involucrados.
La crisis del sistema de prestaciones para personas con discapacidad volvió a quedar en el centro del debate tras la media sanción de la Cámara de Diputados a una nueva ley de protección de los derechos de este sector. En ese contexto, Marcela Kriskovichpresidenta de la Asociación Civil de Prestadores de Discapacidad Unidos, advirtió que el proyecto presenta un importante vacío presupuestario que podría agravar las dificultades que atraviesan los prestadores y las familias.
En en declaraciones a Radiofmtotal Marcela Kriskovich que el sector celebra algunos de los cambios incorporados al proyecto, entre ellos aspectos vinculados con la compatibilidad del trabajo registrado, las pensiones no contributivas por discapacidad y la actualización de los aranceles. Sin embargo, remarcó que las modificaciones no resuelven uno de los problemas centrales del sistema: el financiamiento de las prestaciones a través de la Superintendencia de Servicios de Salud.
Demoras de hasta 120 días en los pagos
La dirigente sostuvo que los prestadores continúan atravesando serias dificultades económicas debido a los atrasos en los pagos. Según explicó, al 26 de octubre todavía había prestadores que no habían cobrado las prestaciones correspondientes a agosto, mientras que otros acumulaban demoras desde julio.
Kriskovich advirtió que estas demoras pueden extenderse entre 90 y 120 días, una situación que compromete la continuidad de los servicios y dificulta que los profesionales y centros puedan afrontar sus obligaciones económicas.
En ese sentido, explicó que el Fondo Solidario de Redistribución, que financia parte de las prestaciones a través del mecanismo de integración, se nutre de aportes vinculados al trabajo registrado. Por ello, consideró que el aumento del desempleo y de la informalidad laboral afecta la recaudación y pone en riesgo la capacidad de respuesta del sistema.
“Si esto no está contemplado, el problema lo van a terminar pagando las familias”, advirtió durante la entrevista.
El reclamo para incorporar al tercer financiador
Uno de los principales cuestionamientos de Kriskovich apunta a que la nueva ley contempla aspectos relacionados con el programa Incluir Salud, pero, según denunció, no incorpora de manera explícita a la Superintendencia de Servicios de Salud dentro de los mecanismos de financiamiento previstos.
La referente explicó que este organismo interviene en el financiamiento de prestaciones vinculadas con obras sociales sindicales, obras sociales nacionales y empresas de medicina prepaga.
A su entender, si no se garantiza el funcionamiento del mecanismo de integración, las obras sociales podrían enfrentar mayores dificultades para recuperar los fondos destinados a las prestaciones, lo que podría traducirse en recortes de sesiones, demoras y mayores obstáculos para las familias.
También alertó sobre la situación de los centros pequeños y de los profesionales independientes, como psicopedagogos y fonoaudiólogos, que dependen directamente de los pagos de las obras sociales.
Cuestionó la falta de consulta a todos los sectores
Kriskovich manifestó su preocupación porque, según afirmó, las modificaciones al proyecto se discutieron con representantes de algunas organizaciones, sin convocar a todos los sectores que integran el colectivo de la discapacidad.
Explicó que desde la Asociación Civil de Prestadores de Discapacidad Unidos se había elaborado un informe técnico a partir de consultas con familias y prestadores de distintas partes del país. En ese documento, aseguró, ya se advertía sobre el vacío presupuestario relacionado con la Superintendencia de Servicios de Salud.
La dirigente consideró que las organizaciones que participaron de las reuniones no representan necesariamente a la totalidad del sector y reclamó que se escuchen las distintas realidades, especialmente las de los prestadores que trabajan directamente con obras sociales.
“Hay que escuchar a todos los sectores y empezar a construir una ley que sea sustentable”, sostuvo.
Un pedido urgente al Senado
Ante este escenario, Kriskovich anunció que viajaría a Buenos Aires para presentar una nota ante las autoridades del Senado de la Nación y solicitar que se convoque a las comisiones correspondientes para analizar los puntos que, a su entender, todavía deben corregirse.
La dirigente pidió que los senadores contemplen expresamente a la Superintendencia de Servicios de Salud dentro del esquema de financiamiento de la futura normativa y que se busquen alternativas para garantizar la continuidad del mecanismo de integración.
Además, recordó que, según su evaluación, la Ley de Emergencia en Discapacidad tampoco se está cumpliendo de manera integral, particularmente en lo referido a las compensaciones arancelarias reclamadas por los prestadores.
Finalmente, cuestionó que se avance hacia una legislación permanente sin resolver las dificultades de financiamiento que ya existen. Advirtió que, de mantenerse esta situación, el próximo año podría estar marcado por nuevos reclamos, conflictos por los pagos y acciones judiciales de las familias para garantizar los tratamientos.
