Discapacidad: prestadores advierten por atrasos en los pagos y reclaman el cumplimiento de la emergencia
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La situación del sector de la discapacidad continúa siendo crítica. Prestadores, transportistas, terapeutas y familias advierten sobre las dificultades que atraviesan para sostener las prestaciones debido a los atrasos en los pagos, la falta de actualización suficiente de los aranceles y el incumplimiento de medidas contempladas en la Ley de Emergencia en Discapacidad.
En declaraciones a Radiofmtotal Marcela Kriskovich, presidenta de Prestadores de Discapacidad Unidos, hse refirió al proyecto que propone extender la emergencia en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027. Si bien consideró necesaria la prórroga, sostuvo que el principal problema es que actualmente la normativa vigente no se cumple de manera efectiva.
“Hoy la ley de emergencia no se está cumpliendo”, afirmó Kreskovich, al describir las dificultades que enfrentan diariamente los prestadores para pagar sus obligaciones y mantener en funcionamiento sus servicios.
Uno de los principales reclamos está relacionado con los aranceles. Según explicó, recientemente se conoció una nueva actualización vinculada al IPC, pero consideró que los incrementos continúan siendo insuficientes frente al aumento de los costos. En el caso del transporte, señaló que la actualización no llega siquiera a representar 100 pesos adicionales.
A esta situación se suman las demoras de las obras sociales. Kreskovich explicó que algunos prestadores todavía esperan cobrar prestaciones correspondientes a junio, mientras que existen entidades que mantienen deudas desde marzo. También cuestionó las demoras administrativas que se producen cuando las obras sociales no cargan las facturas en las plataformas correspondientes.
La referente del sector remarcó que estas situaciones terminan afectando directamente a las personas con discapacidad, ya que la falta de previsibilidad económica pone en riesgo la continuidad de tratamientos y servicios esenciales.
También hizo referencia a la situación del PAMI y señaló que, mientras en Buenos Aires y CABA los procesos pueden avanzar con mayor rapidez, en el interior del país existen demoras de varios meses en la liquidación y pago de las prestaciones.
Un sector que se sostiene con endeudamiento
Marcela Kriskovich, cuestionó las recientes declaraciones oficiales relacionadas con el endeudamiento de las familias y sostuvo que, en el caso de los trabajadores de discapacidad, las deudas se generan principalmente por la demora en el cobro de sus servicios.
“Nosotros estamos endeudados porque cobramos con más de dos meses de demora”, manifestó.
La situación alcanza a instituciones, transportistas y profesionales independientes, muchos de los cuales deben recurrir a tarjetas de crédito, préstamos o postergar el pago de impuestos y servicios para poder continuar trabajando.
Además, advirtió que muchas familias atraviesan una situación todavía más compleja debido a la pérdida de empleos y, consecuentemente, de la cobertura de las obras sociales.
Según explicó, existen casos de personas con discapacidad cuyos padres fueron despedidos y mantienen la cobertura médica durante algunos meses, pero desconocen qué ocurrirá una vez finalizado ese período.
“El futuro es muy incierto”
La dirigente sostuvo que la falta de cobertura, las demoras en los pagos y la dificultad para sostener tratamientos pueden generar consecuencias graves en el desarrollo físico y psíquico de las personas con discapacidad.
En ese sentido, reclamó una mayor presencia del Estado y cuestionó la falta de diálogo con las organizaciones del sector.
Kriskovich,a firmó que desde hace décadas la discapacidad enfrenta dificultades, pero consideró que en otros momentos existían mayores instancias de diálogo entre las autoridades y los prestadores.
De cara al próximo escenario electoral, sostuvo que el sector espera que exista una decisión política concreta para solucionar los problemas, aunque expresó sus dudas respecto de que la situación pueda resolverse en el corto plazo.
El reclamo de los prestadores es contundente: no alcanza con prorrogar la emergencia. Exigen que las normas vigentes se cumplan, que los aranceles permitan cubrir los costos reales de las prestaciones y que las obras sociales y organismos responsables garanticen pagos en tiempo y forma.
Mientras tanto, instituciones, profesionales y transportistas continúan trabajando en un contexto que, según advierten, ya dejó de ser solamente una crisis económica para convertirse en una amenaza concreta para la continuidad de las prestaciones que reciben miles de personas con discapacidad en todo el país.
