El presidente del Comité Provincial de Prevención de la Tortura y Malos Tratos de Corrientes, Jorge Eduardo Isetta expuso un preocupante panorama sobre las condiciones de las personas privadas de la libertad en la provincia, durante una entrevista con Radiofmtotal.

Isetta explicó que el organismo presentó el viernes 7 su informe anual, elaborado a partir de un relevamiento realizado en comisarías, unidades penales, hogares residenciales y establecimientos vinculados a la salud mental de toda la provincia.

Uno de los principales problemas señalados es el hacinamiento en la Unidad Penal N.º 1. Según indicó, el establecimiento tiene capacidad para aproximadamente 720 personas, pero actualmente aloja alrededor de 980 internos, una cifra que varía constantemente.

El titular del Comité sostuvo que el incremento de la población penitenciaria está relacionado, entre otros factores, con modificaciones en la legislación y en materia procesal que aumentaron la cantidad de personas con prisión efectiva.

Unidad 10: 46 personas enfermas bajo régimen penitenciario

Uno de los puntos que genera mayor preocupación es la situación de la denominada Unidad 10, ubicada junto al Hospital de Salud Mental.

Según isetta  allí permanecen 46 personas, de las cuales solamente cuatro tienen conflictos con la ley penal. Las restantes, afirmó, son personas con problemas de salud que necesitan asistencia y que actualmente están sometidas a un régimen penitenciario.

Por este motivo, el Comité presentó un hábeas corpus correctivo y colectivo, planteando que estas personas deberían quedar bajo la órbita del sistema de salud pública y no del Servicio Penitenciario.

El funcionario señaló que existe un principio de acuerdo entre el Ministerio de Salud y el Servicio Penitenciario para buscar una solución, mientras que el Poder Judicial deberá analizar los informes presentados por los distintos organismos y eventualmente convocar a una audiencia.

Críticas al Código de Faltas

Otro de los cuestionamientos formulados por isetta estuvo dirigido al Código de Faltas o régimen contravencional de Corrientes.

El abogado consideró que se trata de una normativa que permite situaciones incompatibles con las garantías constitucionales y recordó que una persona puede permanecer detenida durante varios días sin intervención judicial.

Además, señaló que Corrientes mantiene un procedimiento ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aunque advirtió que este tipo de procesos puede demandar años.

El Comité propone alternativas a la prisión

Frente al crecimiento de la población carcelaria, Isetta sostuvo que la respuesta no debería ser únicamente construir más pabellones.

Entre las alternativas mencionó los servicios comunitarios y los dispositivos electrónicos de monitoreo, aunque reconoció que actualmente la cantidad de dispositivos disponibles resulta insuficiente.

Según explicó, estos mecanismos permiten controlar a personas que cumplen determinadas condiciones fuera de una unidad penitenciaria y, cuando se producen incumplimientos, los beneficios pueden ser revocados.

Celulares en las cárceles

Respecto del uso de teléfonos celulares dentro de las unidades penitenciarias, Isetta defendió su utilización controlada como una herramienta que permite mantener el contacto con las familias.

Explicó que existen protocolos de utilización y restricciones, incluyendo la prohibición de redes sociales y determinadas operaciones virtuales. También indicó que los dispositivos son objeto de controles por parte del Servicio Penitenciario.

El funcionario destacó además que el acceso a la tecnología puede ser fundamental para quienes estudian carreras universitarias a distancia.

Como ejemplo, mencionó el caso del Instituto Pelletier, donde cuatro personas privadas de libertad cursan una carrera universitaria de medios audiovisuales y cuentan con conectividad mediante una antena Starlink donada por el Superior Tribunal de Justicia.

La situación de las celdas contravencionales de Curuzú Cuatiá

Durante la entrevista también se abordó una situación puntual de Curuzú Cuatiá.

Isetta confirmó que las celdas destinadas a contraventores habían sido clausuradas aproximadamente dos o tres años atrás, luego de que el Comité detectara reiteradamente condiciones deficientes.
Actualmente, según explicó, esas instalaciones están siendo refaccionadas mediante trabajos en los que participan la Municipalidad, colaboradores y vecinos.

Sin embargo, remarcó que todavía existe una necesidad concreta: colchones ignífugos.

La preocupación se incrementó luego de un episodio ocurrido recientemente, cuando una persona alojada en el lugar habría prendido fuego un colchón, generando riesgo para su propia integridad y para las demás personas alojadas.

Isetta señaló que este tipo de colchones debe ser ignífugo y mencionó que en Curuzú Cuatiá existe una cooperativa que fabrica este tipo de elementos, aunque advirtió que la demanda es elevada.

Un problema que, según el Comité, requiere una respuesta integral

En comparación con informes anteriores, el presidente del Comité Provincial de Prevención de la Tortura sostuvo que el problema del hacinamiento se agravó por el aumento de personas privadas de la libertad, aunque destacó que el Servicio Penitenciario viene realizando movimientos y redistribución de internos entre distintas unidades.

También mencionó la adecuación de la Unidad Penal N.º 7 de San Luis del Palmar para personas con condena firme, como parte de una estrategia para reorganizar la población penitenciaria.

Sin embargo, el caso de la Unidad 10 aparece como uno de los puntos más delicados del informe: 46 personas que, según el Comité, no deberían encontrarse bajo un régimen penitenciario porque su principal situación es sanitaria y no penal.

El planteo ya llegó a la Justicia y ahora se espera una definición que permita determinar quién debe hacerse cargo de estas personas y bajo qué condiciones.