Escucha la entrevista exclusiva con Silvia Zarza Abogada - Egresada de la UNNE Especialista en derecho previsional y planificación patrimonial y sucesoria, en diálogo con el periodista Jose Luis Zamudio y Vaneza Ramirez  en Radiofmtotal

La renovación de las cámaras que asumirán el 10 de diciembre vuelve a colocar al sistema previsional argentino en el centro de la agenda legislativa. No es casual. Nuestro esquema jubilatorio exhibe problemas estructurales que se profundizaron con los años y cualquier reforma que se impulse impactará directamente en el presente y futuro de millones de personas.

En un país donde la informalidad laboral ronda niveles elevados, donde las variaciones en el rumbo económico son frecuentes y donde la movilidad jubilatoria ha sido modificada varias veces en la última década, la previsibilidad se vuelve un bien escaso.
Las discusiones que se anticipan no se limitan a un único eje. Hablar de "reforma previsional" implica revisar edad jubilatoria, moratorias, movilidad, regímenes diferenciales, financiamiento estatal y también la expansión de los sistemas privados de retiro. Cada uno de estos aspectos requiere un análisis técnico profundo y, sobre todo, una mirada humana que no pierda de vista que detrás de cada norma hay trayectorias laborales reales, muchas de ellas marcadas por la precariedad, el cuidado no remunerado y la imposibilidad de reunir aportes continuos.

La edad jubilatoria: una discusión inevitable, pero no automática

Uno de los puntos que podría volver al debate es la edad jubilatoria. Diversos espacios legislativos plantean la posibilidad de elevarla gradualmente o establecer esquemas optativos. Argentina mantiene para las mujeres la edad de 60 años y para los varones la de 65 años. Sin embargo, cualquier modificación debe considerar las desigualdades de base; las mujeres interrumpen más su vida laboral por tareas de cuidado y registran mayores índices de informalidad. Subir la edad de las mujeres e igualarla a la edad de los varones sin corregir estas inequidades, implicaría trasladar el costo del ajuste a quienes ya cargan con mayores obstáculos para acreditar aportes.

Moratorias previsionales ¿inclusión o retroceso?

La continuidad de la Ley 27.705 y de los mecanismos de regularización de aportes será otro punto crítico. Más del 65% de las mujeres se jubila hoy mediante moratoria. Limitarla o derogarla ya dejó fuera del sistema a gran parte de la población que trabajó, pero no en condiciones formales. En mi opinión, la moratoria no es un privilegio, es la respuesta del Estado frente a un mercado laboral que históricamente no garantizó aportes regulares. Cualquier reforma que se impulse debe reconocer esa realidad y evitar retrocesos en términos de cobertura.

Movilidad: previsibilidad y protección real frente a la inflación

La fórmula de movilidad que rige actualmente ha mostrado insuficiencias evidentes. Se habla de una aumento del poder adquisitivo que no se ve reflejado en los bolsillos de los jubilados, sería mejor decir que los haberes volvieron a perder poder adquisitivo y la incertidumbre se profundizó desde los aumentos de los productos de la canasta básica, los medicamentos, los alquileres, servicios básicos y esenciales, luz, agua, gas, etc. En el Congreso circulan proyectos que proponen ajustes por inflación, por salarios puros o por combinaciones de ambos indicadores. Lo esencial no es el nombre de la fórmula, sino la capacidad de asegurar incrementos previsibles, sostenibles y que se traduzcan en una mejora real de los ingresos. La movilidad no debe seguir funcionando como variable de ajuste fiscal.

Regímenes diferenciales e insalubres: debate responsable y humano necesario
La revisión de los regímenes especiales podría reabrirse, especialmente en actividades de riesgo o insalubres. La actualización tecnológica y los cambios en las condiciones de trabajo requieren evaluaciones periódicas, pero siempre sobre bases científicas y con criterios de salud laboral, evitando generalizaciones que nieguen derechos adquiridos a quienes efectivamente enfrentan riesgos concretos o que desfinancien al sistema.
El sistema privado de retiro

Una de las discusiones más sensibles será la ampliación o fortalecimiento de los sistemas privados de retiro. En Argentina funcionan a través de seguros de retiro y fondos voluntarios administrados por entidades privadas. Son instrumentos útiles, pero no pueden reemplazar al régimen público por varias razones:

No son universales: requieren capacidad de ahorro mensual sostenida, algo que buena parte de la población no puede garantizar.

No son solidarios: se basan en la capitalización individual; quien puede aportar más obtiene mejores beneficios, lo que reproduce desigualdades.

Están sujetos a riesgo financiero: si la economía atraviesa inestabilidades, el valor acumulado puede verse afectado.

No siempre cubren contingencias sociales amplias: invalidez, fallecimiento y prestaciones básicas requieren un esquema de seguridad social estatal.

El sistema privado puede ser un complemento eficiente para personas con capacidad de ahorro, pero no constituye una solución estructural para la sostenibilidad general del sistema. En países donde coexistieron esquemas de capitalización y reparto, las transiciones fueron complejas, costosas y requirieron supervisión estatal fuerte. En nuestro país la experiencia no fue de la mejor en la década de los 90, con la sanción de la Ley 24241 y la creación de las AFJP. La clave no es volver a privatizar, sino crear complementos regulados, transparentes y opcionales, sin desplazar el pilar solidario.

El debate de tener precisión técnica y límites claros

El Congreso que asumirá en diciembre tendrá en sus manos decisiones que marcarán las próximas décadas del sistema previsional. La sostenibilidad financiera es indispensable, pero no puede estar disociada de la dignidad de quienes ya no pueden trabajar o de quienes dedicaron su vida a tareas que el Estado nunca reconoció plenamente.

La previsión social no es un cálculo frío: es la expresión más concreta del pacto intergeneracional. Reformar sin escuchar la realidad social sólo profundizaría desigualdades. Reformar con seriedad, transparencia y empatía puede transformar el sistema en un puente hacia un futuro más justo.

Detrás de cada número hay personas que esperan algo simple, la tranquilidad de saber que, después de tantos años de esfuerzo, el Estado no les dará la espalda. Ese debe ser el verdadero eje de cualquier reforma que se debata.