En medio de un contexto alarmante por el incremento de casos de violencia de género en Argentina, organizaciones sociales volvieron a exigir la declaración de la emergencia nacional. Según datos difundidos por referentes del sector, en lo que va de 2026 ya se registraron 73 femicidios y más de 260 intentos en el primer trimestre del año.
La vocera nacional de Mumalá Victoria Aguirre de en declaraciones exclusivas a Radiofmtotal manifestó su profunda preocupación por lo que describió como un “desmantelamiento del Estado” en materia de políticas públicas destinadas a prevenir y acompañar situaciones de violencia.
Aguirre sostuvo que el promedio de tiempo entre femicidios continúa disminuyendo y que la violencia se refleja también en los numerosos intentos registrados. “Vemos un Estado que no está presente, donde no hay perspectiva de género ni políticas públicas que acompañen a las mujeres y disidencias en situación de vulnerabilidad”, afirmó.
La referente explicó que, si bien en años anteriores ya existían críticas hacia las políticas implementadas por considerarlas insuficientes, actualmente el problema radica en que muchas de esas herramientas dejaron de funcionar o fueron reducidas. Entre las principales dificultades mencionó la falta de equipos técnicos, la demora judicial y la negativa o imposibilidad de tomar denuncias en algunos ámbitos.
“Hoy volvemos a tener problemas que creíamos superados hace diez años: denuncias que no se toman porque no hay personal, porque no es el lugar indicado o porque no hay signos visibles de violencia”, indicó.
Otro de los puntos señalados por Aguirre fue el impacto que tienen estas situaciones en niños, niñas y adolescentes que quedan desprotegidos tras hechos de violencia extrema. En ese sentido, remarcó la importancia de programas de asistencia estatal y acompañamiento psicológico que, según afirmó, actualmente presentan graves falencias.
También cuestionó la intención de eliminar el agravante de femicidio del Código Penal, al considerar que se trata de una discusión “ideológica” que desconoce la desigualdad estructural que sufren las mujeres. “No es lo mismo cualquier homicidio que un asesinato motivado por violencia de género”, señaló.
Durante la entrevista, Aguirre también defendió la implementación de políticas educativas como la Educación Sexual Integral (ESI), al considerar que contribuyen a prevenir la violencia y a promover relaciones basadas en el respeto.
Por último, la vocera advirtió que la falta de coordinación entre los distintos poderes del Estado dificulta el abordaje integral del problema. “La decisión política de salvar vidas hoy no está presente. Cuando el Estado se retira, las organizaciones sociales intentamos acompañar, pero no podemos reemplazar lo que debería garantizar el Estado”, concluyó.